Un centro que la Comunidad quiere habilitar «lo antes posible» y para el que prevé invertir 6,nine millones de euros para habilitar un centenar de plazas de acogida y poder así «atender las demandas del Gobierno de España» con respecto a los menores extranjeros no acompañados que «va a trasladar» a la región madrileña.
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El portal de transparencia ofrece información acerca de la actividad pública institucional y permite ejercer el derecho de acceso a dicha información por parte de ciudadanos y empresas, todo ello en cumplimiento de la normativa vigente en esta materia. Portal de transparencia Certificados digitales admitidos
Además, insiste en que el modelo elegido por la Comunidad de Madrid «contraviene las recomendaciones del Consejo de Europa y la propia ley regional de servicios sociales».
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Autorizaciones iniciales de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, salvo las renovaciones de estas autorizaciones.
Así se remediará cualquier tipo de problema si el día de su cita le falta alguna documentación, y no pueda ser atendido y que tenga que realizar de nuevo una nueva cita.
Así, insisten en que la decisión del Gobierno regional «no atiende a la necesidad de atender a menores de una manera adecuada», sino que responde solo «a la obsesión de que este equipamiento se construya en Fuenlabrada cueste lo que cueste».
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La cancelación de hipoteca conlleva el pago de los aranceles notariales por la escritura pública (que es preceptiva, check it out y en la que debe comparecer no el deudor sino la entidad acreedora) y los aranceles registrales por su inscripción.
Por su parte, el alcalde fuenlabreño ha calificado este lunes la visita de dos consejeros al espacio de La Cantueña de «provocación a la ciudad» y ha señalado que es «un episodio más» en la actitud de prepotencia de la Comunidad de Madrid en este caso.
Anuncia que presentará alegaciones contra la demanda de la Comunidad e insiste en que el proyecto incumple el convenio de cesión del espacio
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A juicio del consejero de Presidencia, el problema se está dando porque «el Gobierno de Pedro Sánchez es incapaz de controlar la frontera y mandan a las comunidades autónomas a menores que llegan, pero un alcalde socialista no quiere que sean atendidos como marca la ley».